La defensa de los Chiotti no se resigna a que sigan presos

La defensa de los Chiotti no se resigna a que sigan presos

Apeló la decisión de la jueza Palacios de negarles la excarcelación. Lo mismo hicieron los abogados de los otros 4 detenidos.

Las defensas de todos los procesados por la llamada “Operación Hereford” apelaron la denegación de sus excarcelaciones, dispuesta por la jueza Penal 3, Virginia Palacios. Como argumento de base, la magistrado consideró que hay riesgo procesal, ya que si recuperan la libertad, podrían entorpecer la investigación de una presunta asociación ilícita para robar cuantioso ganado a un hacendado.

El penalista Jorge Sosa y el ex ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Omar Uría, defienden al productor agropecuario José Alberto Chiotti; a su hijo, José Alberto Chiotti; y al empleado rural Pablo Escudero. “Apelamos el mismo día que nos notificaron que rechazaban la excarcelación –fue el pasado jueves 27–. Y el miércoles fundamos la apelación. Creemos que no existe el más mínimo elemento en cuanto al peligro procesal que la jueza manifiesta que hay”, aseveró Sosa.

“Denegó la excarcelación argumentando, por un lado, el peligro procesal. Decimos que no es así porque, primero que todo, desde febrero que investigan, hasta con escuchas directas; han tenido tiempo”, afirmó.

Una comisión policial, especialmente designada por la jueza, trabaja desde el referido mes para hacer averiguaciones ante las denuncias del abogado y ganadero Julio César Vergés, por el robo de al menos medio millar de vacunos de su estancia, “La Rinconada”, ubicada en Villa General Roca.

“Segundo, la jueza refiere que aún falta allanar campos. Pero estas propiedades están debidamente custodiadas por policías. Los testigos han declarado. Los que no lo han hecho en sede policial, lo han hecho en sede judicial. Resta tomarle declaración a policías, y no vamos a ir a presionar a efectivos para que mientan”, dijo.

En una conferencia, después de disponer los procesamientos, la jueza contó que a través de escuchas “se ha logrado establecer que Chiotti mandaba a su empleado Rubén Bustos a ‘caravanear’ –colocar las caravanas identificatorias– de noche, cuando la Policía se fuera (de las propiedades donde los investigadores estaban haciendo recuento de hacienda), dejando un sujeto en la puerta y aunque fuera que se metieran a caballo y se metieran las caravanas en los bolsillos”. “Sí o sí tenía que ‘caravanear’ lo que tuviera su marca y señal y lo que estuviera orejano. Y le aclaraba ‘lo que tenga marca o señal de otra persona, no”.

Palacios refirió que en otra comunicación, Chiotti le dijo a su peón que se fijara “de qué manera podían llegar a burlar los precintos que la Policía dejaba colocados cuando terminaba los allanamientos, para ingresar a caballo a los lotes donde se hallaban los animales más comprometidos” por la falta de identificación.

“Cuando declaró, Chiotti aclaró escucha por escucha –respondió ahora Sosa–. Él manifestó que dijo ‘fijate si podés poner las caravanas’, pero por el mismo susto, el nerviosismo de una persona que no tiene en regla algo. Pero eso no quiere decir que haya cometido abigeato. Él compra animales, pero no les había puesto las caravanas. Por eso manda a ponerlas”, explicó.

Apropiarse de ganado ajeno implicaría “no sólo poner la caravana; en todo caso habría que ‘truchar’ la marca, ‘truchar’ la señal. Y de hacerse esa maniobra con la señal, quedaría la carne viva del animal. En las escuchas, lo que se oye es la impotencia de una persona que dice ‘no los caravaneé a tiempo, lo hago ahora’. Pero no hay una escucha que diga ‘andá a marcarlos ahora, o andá a hacerles la señal ahora'”, indicó.

La defensora oficial Penal, Nadia Agundez, también le confirmó a El Diario ayer por la tarde que la magistrado había respondido “no” a la solicitud para que sus representados –son los puesteros Benito Nicolás Quinteros y Gilberto Miranda– puedan salir de la Penitenciaría Provincial, donde están desde el 7 de setiembre pasado, un par de días después que los otros procesados. “Hoy –por ayer– apelamos, y luego presentaremos los fundamentos”, adelantó Agundez.

Rafael Berruezo es uno de los abogados del transportista Pereyra, otro de los procesados a los que Palacios les rechazó el pedido de excarcelación. Berruezo, que trabaja en la defensa junto a Nicolás Coppola, le contó ayer a este medio que supo esta semana de la definición de la jueza, y confirmó que también plantearon la apelación. E igual que Agundez, ni bien le concedan el recurso, lo van a fundar.

Según el letrado, el transportista “declaró en su momento, nunca hizo nada para entorpecer la investigación; por tanto no sabemos qué conversaciones son las que la jueza menciona, ya que no las transcribió, y tampoco las ha puesto en el auto de procesamiento”.

El argumento que la jueza usa para rechazar la apelación es que habría escuchas que darían cuenta de que Pereyra estaba al tanto de los procedimientos que se hacían, sintetizó el abogado.

En la rueda de prensa, Palacios contó que estando ella en una constatación realizada en Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), fue el mismo Pereyra quien recibió una llamada de un empleado de ese organismo que le decía “que abriera el paraguas por todo lo que estaba pasando”. Esto fue posible gracias a las escuchas directas, que estaban en curso en ese momento.

“Él no podía desconocer que realizaba un traslado (de hacienda) con una guía que no se correspondía con el transporte que estaba declarado en el acta correspondiente. Fue un indicio de que había una conducta grotesca, que burlaba todo”, consideró Palacios.

“Pero no nos consta que estén esas escuchas –reiteró ayer Berruezo–. No entendemos cómo si no ha sido utilizado para imputarle algún delito, ahora quieren utilizarlo para negarle la excarcelación”.

“Pero lo más grave es que hace referencia a una escucha, que tampoco transcribe, que, por lo que dice la jueza, es de una conversación que mi cliente tuvo con una abogada, con lo cual está violando el secreto profesional. Y, además, no indica absolutamente nada que haga pensar en una posible interferencia en la investigación”, agregó el abogado. Seguramente incluirá estos cuestionamientos en la fundamentación de la excarcelación, dijo Berruezo, quien consideró que la resolución “está bastante poco fundada”.

Fuente: El Diario de la República.

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